El Consejo de Ministros dio en julio luz verde al Proyecto de Ley de Economía Social, iniciativa legislativa pionera en el mundo, que ampliará el marco institucional de la Economía Social en España, sector que a pesar de la crisis está demostrando ser un motor en la creación y mantenimiento del empleo de calidad. Según información facilitada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, la norma analizada en el Consejo de Ministros incluye una modificación importante respecto a la aprobada en el Consejo de Fomento de la Economía Social, modificación que tiene que ver precisamente con la representatividad de dicho órgano consultivo. Concretamente, el punto 9.3 del Proyecto de Ley ha cambiado su redacción para permitir que en el Consejo de Fomento de la Economía Social también participen, junto con la "confederación intersectorial más representativa de la economía social de ámbito estatal" [...] "las entidades sectoriales mayoritarias de la economía social que no estén representadas por la citada confederación intersectorial".

De este modo se atienden las peticiones expresas de la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC) y Unión Nacional de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de España (UNCCUE) que inicialmente se habían visto excluidas del Consejo de Fomento, al no pertenecer ambas a CEPES. De igual modo Confesal había expresado su disconformidad con este punto, que en su redacción original venía a conceder única representatividad como entidad de economía social a CEPES, sin tener en cuenta al resto. El Anteproyecto se debatió en el seno del Consejo Económico y Social (CES), estando previsto que entre en el Parlamento después del verano.
La ley consta de 9 artículos, una disposición adicional, una derogatoria y tres finales. Tiene como objetivo básico definir jurídicamente al sector, sin pretender sustituir la normativa vigente de cada una de las entidades que lo conforman (cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, entre otras).
La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) considera que el proyecto de Ley significa un paso sin precedentes en la construcción de un marco jurídico e institucional para el sector de la economía social española, que actualmente representa a más de 48.000 empresas, que facturan 115.000 millones de Euros, y que agrupa a 1.350.000 empleos directos.