El pasado día 8 de septiembre, el Congreso de los Diputados adoptó el acuerdo sobre el Proyecto de Ley de Economía Social, con un plazo de presentación de enmiendas hasta el 25 de septiembre.

La Economía Social es el ejercicio de actividad económica y empresarial en el ámbito privado mediante la asociación de personas que, conforme a unos principios participativos y sociales, encaminan su acción al interés colectivo de sus miembros; pero también, en su caso, al interés general, tanto económico como social.

El objetivo básico de la Ley es configurar un marco jurídico que suponga el reconocimiento y mejor visibilidad de la Economía Social, otorgándole una mayor seguridad jurídica, sin pretender sustituir la normativa vigente de cada una de las entidades que conforman el sector.

Primacía del fin social sobre el capital La Economía Social está formada por un conjunto de entidades y empresas que actúan en la actividad económica mediante los siguientes principios:

Primacía de las personas y del fin social sobre el capital; aplicación de los resultados en función del trabajo y servicio prestado por los socios, y, en el caso de empresas que presten servicios sociales, los resultados se dirigen a intensificar dichas acciones; compromiso con el desarrollo local, la cohesión y la estabilidad, y, por último, independencia del sector respecto a los poderes públicos.