Confesal pide al Gobierno prioridad a la reforma de la ley de sociedades laborales.     

Miguel A. García / Madrid

En las últimas semanas se está produciendo en todas las fuerzas políticas análisis de la situación económica que alimentan un debate que en ocasiones se visibiliza en términos de extrema dureza. Destacan en especial el Partido Popular por el nivel de las figuras que participan en sus debates, tales como Juan Velarde y Juan Iranzo. Las propuestas que formulan van en dirección opuesta a las del gobierno. Sería razonable esperar que el partido socialista, que lo sustenta, realizara análisis propios y patrocinara encuentros de reflexión para diseminar sus ideas respecto a políticas que, además que paliar el impacto de la crisis entre los sectores sociales más vulnerables, aporten soluciones a medio y largo plazo para reactivar la actividad productiva.

Aunque con retraso, por la brusquedad del cambio de tendencia de la economía española, el gobierno ha puesto en marcha medidas para frenar la destrucción de empleo. Entendidas como solución temporal y con carácter de urgencia, son bien recibidas, pero deben verse arropadas por una planificación, desde una visión más global de medidas para asentar una firme salida de la crisis, perfilando un necesario cambio de modelos productivo, para evitar repetir los errores de la “era del ladrillo”.

La economía social, y las sociedades laborales, en particular, siguen expectantes y preguntándose por qué el Gobierno no ha considerado aún en sus planes anticrisis algunas de las medidas las presentadas por el sector.

En las actuaciones que ya se han iniciado y en aquellas que se han anunciado, se observa que, al menos de momento, no consideran la contribución que las sociedades laborales pueden realizar al esfuerzo colectivo de mantenimiento del tejido productivo empresarial y del empleo. Hecho que contrasta con las políticas y medidas anticrisis que se están poniendo en marcha en algunas de las comunidades autónomas, apostando por la economía social como elemento clave  para contribuir a mitigar los efectos de la crisis.

Las sociedades laborales tienen la particularidad de incentivar el emprendimiento colectivo de trabajadores y profesionales desde una perspectiva impulsora de la participación en la propiedad y en la gestión de la empresa, reorientando trabajadores asalariados en desempleo o en riesgo de estarlo, a convertirse en socios de su propia empresa.

Reforma de la ley

Y esta medida, que llevaría a la creación de nuevas empresas y de nuevos empleos, pasa por la reforma de la Ley de Sociedades Laborales, propuesta presentada por Confesal en 2006 y que ha sido valorada positivamente por todos los partidos políticos, pero que sin embargo, no ha encontrado hasta el 3 de febrero de 2009, el cauce necesario para su reforma. El Gobierno se ha propuesto abordar el trámite de elaboración de una Ley General de la Economía Social, para definir el sector en aspectos organizativos y representativos, que con ser interesante y de relativa importancia, no se corresponde con las prioridades del momento de crisis. Hay que dirigir los esfuerzos a la creación de nuevos empleos y empresas, a su mantenimiento y para ello cobra mayor importancia impulsar las reformas de las leyes de sociedades laborales y cooperativas. Ambas fórmulas empresariales han demostrado, a lo largo de las últimas dos décadas y en tiempo de dificultades y de bonanza, la capacidad de generar riqueza y cohesión social en las distintas regiones. Además han sido los modelos empresariales más reconocidos y elegidos por emprendedores, que optan por fórmulas empresariales de Economía Social, tanto en tiempos de crisis, para mantener el empleo y las empresas activas, como para expandir su actividad en coyuntura favorable.

Las estadísticas de las sociedades laborales reflejan la caída de empresas y empleo en este colectivo, atenazadas por el doble efecto de una ley desfasada y del impacto de la crisis, en la construcción principalmente, pero también, aunque en menor medida, en la industria y los servicios. Aunque el efecto es menor si se tiene en cuenta que hay una cantidad significativa de empresas que han perdido su condición de sociedad laboral, pasando a ser otras fórmulas jurídicas, obligados por la actual legislación.

Mientras que comunidades autónomas de peso demográfico y productivo apuestan por la economía social como herramienta clave para favorecer el autoempleo y por la reforma de las leyes de las sociedades cooperativas, competencia transferidas a las comunidades autónomas, la dirección general de Economía Social no ha demostrado celeridad para abordar el debate de la  reforma de la Ley de Sociedades Laborales, que si forma parte de sus competencias, perdiendo un tiempo precioso para disponer de un instrumento de lucha contra el desempleo, contrariamente a lo que hizo el gobierno socialista en 1986.

Apuesta por las Sociedades Laborales

Durante la pasada década, y a pesar de que la ley vigente presentaba deficiencias, las sociedades laborales han sido capaces de incorporar a su accionariado a 200.000 personas, de las que más de 130.000 encontraron allí empleo, teniendo en cuenta que muchas otras, por diversos motivos, quedaron fuera de ese cómputo debido a criterios de calificación administrativa establecidos en la Ley. 

Con una regulación legal apropiada y con incentivos fiscales equilibrados adecuados a los criterios y recomendaciones de la Comisión europea, las sociedades laborales podrían triplicar su contribución al mantenimiento del empleo y del tejido productivo.

Confesal, ha presentado a las fuerzas políticas con representación parlamentaria, tanto en la intervención en la subcomisión de economía social del Congreso de los Diputados en septiembre de 2006, como en diversos encuentros, una proposición de Ley.

Proposición que reforma y encauza de forma coherente y con solvencia técnica, el papel de las sociedades laborales, en calidad de empresas participadas por los trabajadores, en una economía productiva moderna y eficiente.