Las medidas económicas aplicadas por el plan “E” del gobierno han servido para amortiguar la caída de la Economía española, de hecho han ayudado a contener el número de parados, durante unos meses. Se sabía que eran de efecto limitado. En el comienzo del año 2010 el aumento del desempleo ha desbordado los augurios más complacientes que en su momento hablaban de una débil recuperación,  con el hecho de haber “tocado fondo”, no hemos llegado todavía a él, si bien la velocidad de caída disminuye.
La ley de Economía sostenible mejorará algunos aspectos parciales y está destinada a cumplir su papel en los momentos económicos que estamos viviendo, y el  cambio de modelo productivo planificado es a largo plazo, pero la economía social esperaba haber encontrado más eco a sus propuestas, planteadas tanto desde Confesal como desde otras instancias de la economía social española. Es positivo trabajar a largo plazo pero las medidas coordinadas a corto son cada día más necesarias para crear una confianza entre las empresas y los futuros emprendedores, que son los que crean riqueza en nuestro país.

¿Y la Economía Social?
¿Qué papel está asignando el gobierno al sector empresarial de la Economía social?
Las expectativas basadas en el que se le concedió por gobiernos anteriores del mismo signo político, no están cubiertas de momento.
Faltan más iniciativas en medidas de fomento de Sociedades laborales y de otras entidades de ese sector, que visibilicen una voluntad política de contar con esos instrumentos de generar nuevas empresas y consolidar las existentes, con el consiguiente mantenimiento y creación de empleo estable. Medidas apreciables, al menos de una dimensión acorde con las difíciles circunstancias que atraviesa el mercado de trabajo.
Se percibe una actitud confusa, puesto que el ministro anuncia su apoyo a demandas largamente planteadas por este sector empresarial, pero cuando hay que hacerlas efectivas quedan ahogadas en trámites prolongados, desarrollados en grupos de debate cuyos trabajos quedan bloqueados, condicionados por posicionamientos de fundamento técnico - jurídico discutible.
Confesal, en octubre del año 2006, presentó al ministerio, a través de la dirección general de economía social, trabajo autónomo y responsabilidad social empresarial, una propuesta de actualización de la ley de sociedades laborales de 1997. Con ella se pretendía dotar de un impulso renovado a la demostrada capacidad de estas sociedades para dinamizar el tejido empresarial y crear empleo. La longevidad de empresas laborales y de los empleos creados está reflejada inequívocamente en las estadísticas oficiales.
Sin embargo, esta iniciativa ha tropezado con obstáculos diversos. Lo cierto es que tres años cumplidos (vamos para cuatro), no tienen explicación razonable en términos de voluntad política. Por ello se hace imprescindible realizar la pregunta al Gobierno:
¿Desea el Gobierno que los trabajadores desempleados, o en peligro de estarlo, dispongan (entre otros) de un instrumento útil para encontrar de nuevo un empleo estable y contar para ello con una ley renovada y fortalecida de SOCIEDADES LABORALES?
¿Sí? Pues adopten las medidas oportunas para activar de nuevo el proceso. Este es el momento.